Sentencia A. 1943/25

 

 

TEMAS-SUBTEMAS

 

Auto A-1943/25

 

CONFLICTO DE COMPETENCIA ENTRE JURISDICCIONES-Configuración de cosa juzgada

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA

 

 

 

CORTE CONSTITUCIONAL 

Sala Plena

 

AUTO 1943 DE 2025

 

Referencia: expediente CJU-7162

 

Asunto: conflicto negativo de competencia entre jurisdicciones suscitado por el Juzgado 009 Administrativo de Neiva y el Juzgado 001 Civil del Circuito de Garzón -Huila-

 

Magistrado ponente:

Juan Carlos Cortés González

 

Bogotá D.C., diez (10) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

 

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus competencias, en especial de la prevista en el artículo 241.11 de la Carta Política, profiere el presente auto con fundamento en los siguientes: 

 

I.    ANTECEDENTES

 

1.    Causa judicial que suscita el presente conflicto de competencia entre jurisdicciones. El 28 de agosto de 2017 fue repartida al Juzgado 009 Administrativo Oral de Neiva una demanda instaurada por varias personas[1], en ejercicio del medio de control de reparación directa, contra Emgesa S.A E.S.P. -Emgesa-[2], con el propósito de que se declarara la responsabilidad administrativa y patrimonial por los perjuicios ocasionados con la construcción del Proyecto Hidroeléctrico “El Quimbo”[3]. Aquellas alegaron su falta de inclusión entre los beneficiarios de las compensaciones establecidas en las Resoluciones N° 321 de 2008 y 0899 de 2013, derivadas de la declaratoria de utilidad pública del proyecto hidroeléctrico y la construcción de la represa. Afirmaron que, aunque no residían en el área de influencia directa, dependían económicamente de esta[4].

 

2.   Actuaciones iniciales surtidas en la jurisdicción de lo contencioso administrativo[5]. Mediante auto del 20 de junio de 2018, el Juzgado 009 Administrativo Oral de Neiva sostuvo que Emgesa era una empresa privada por cuanto su capital pertenecía mayoritariamente a particulares, con un 54.21%. Por ese motivo, consideró que la jurisdicción de lo contencioso administrativo no era competente para conocer el asunto y ordenó remitir la demanda a la oficina de apoyo judicial para el reparto de la misma entre los jueces civiles del circuito de Garzón -Huila-.

 

3.   Actuaciones iniciales surtidas en la jurisdicción ordinaria en su especialidad civil[6]. El asunto le correspondió al Juzgado 001 Civil del Circuito de Garzón -Huila-, el cual mediante auto del 6 de septiembre de 2019 declaró su falta de competencia al considerar que el proyecto hidroeléctrico El Quimbo fue declarado de utilidad pública e interés social y que a la empresa demandada se le impuso la carga de asumir las compensaciones, es decir, una función administrativa sujeta al derecho público y bajo control de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Por ese motivo, remitió el asunto a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura para que dirimiera la colisión negativa de competencia entre jurisdicciones.

 

4.   Decisión de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura[7]. El 30 de octubre de 2019, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria Consejo del Superior de la Judicatura resolvió el conflicto negativo de competencia entre jurisdicciones y ordenó remitir el expediente al Juzgado 009 Administrativo Oral de Neiva[8], al establecer que el conocimiento del caso correspondía a dicha jurisdicción. Al respecto concluyó que el litigio surgió por un asunto que es inherente a la responsabilidad de la empresa demandada, la cual es una empresa pública con una participación accionaria estatal superior al 50%; esta circunstancia determina la competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en virtud del artículo 104 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -CPACA-.

 

5.   Actuaciones posteriores surtidas en la jurisdicción de lo contencioso administrativo[9]. El 14 de febrero de 2025, mediante varios autos, el Juzgado 009 Administrativo Oral de Neiva admitió el llamamiento en garantía formulado por la entidad demandada Emgesa, respecto de la Nación-ANLA, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo, y el Ministerio de Minas y Energías.

 

6.   Posteriormente el 6 de marzo del 2025[10], ese mismo juzgado declaró nuevamente su falta de competencia para conocer el asunto, propuso conflicto negativo de competencia entre jurisdicciones con el Juzgado 001 Civil del Circuito de Garzón y le remitió el asunto a este último despacho judicial. Consideró que, en virtud de la Resolución No. 325-002477 del 28 de febrero de 2022 expedida por la Superintendencia de Sociedades, se autorizó la fusión de Emgesa con otras sociedades, de la cual surgió Enel Colombia S.A. E.S.P., cuyo capital es mayoritariamente privado, por lo que tiene la calidad de empresa de servicios públicos de naturaleza privada. En consecuencia, precisó que los asuntos relativos a su responsabilidad civil extracontractual deben ser tramitados ante la jurisdicción ordinaria en su especialidad civil y no por medio de la jurisdicción contencioso administrativa, conforme lo dispuesto en los artículos 104 y 168 del CPACA, los autos 946 de 2021 y 2010 de 2024 de la Corte Constitucional, así como los artículos 12 de la Ley 270 de 1996, 15 del CGP y 32 de la Ley 142 de 1994.

 

7.   Remisión del expediente a la jurisdicción ordinaria en su especialidad civil[11]. El expediente fue remitido al Juzgado 001 Civil del Circuito de Garzón – Huila, autoridad que, mediante auto del 1º de septiembre de 2025, rechazó la demanda, propuso el conflicto negativo de competencia y remitió el asunto a la Corte Constitucional. Destacó que dentro del proceso fueron vinculadas en garantía entidades estatales de orden nacional: ANLA, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Ministerio de Minas y Energía, lo cual activa el factor subjetivo de competencia previsto en el artículo 104 del CPACA, que asigna a la jurisdicción de lo contencioso administrativo el conocimiento de las controversias sobre responsabilidad extracontractual de entidades públicas, sin que resulten aplicables las excepciones del artículo 105 ibidem.

 

8.   Agregó ese juzgado civil que, en los autos 056 de 2022 y 013 de 2024, la Corte Constitucional precisó que en procesos donde concurren entidades estatales y particulares procede el fuero de atracción a favor de lo contencioso administrativo, siempre que exista identidad fáctica y probabilidad razonable de condena contra la entidad pública. Además, consideró que los jueces administrativos debieron tener en cuenta el principio de perpetuatio jurisdictionis y lo dispuesto en el artículo 139 del Código General del Proceso, que impiden al juez declararse incompetente cuando el proceso le ha sido remitido por su superior funcional, en este caso la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.

 

9.       Actuaciones en la Corte Constitucional. El 8 de septiembre de 2025, el Juzgado 001 Civil del Circuito de Garzón -Huila- remitió el expediente a la Corte Constitucional^[12]. En sesión del 7 de octubre de 2025 se asignó el asunto al despacho del magistrado sustanciador y al día siguiente se efectuó la remisión correspondiente^[13].

 

II.     CONSIDERACIONES

 

1.     La cosa juzgada en conflictos de competencia entre jurisdicciones

 

10.   Existencia del fenómeno de la cosa juzgada en conflictos de competencia entre jurisdicciones. En el Auto 1071 de 2021 la Corte Constitucional explicó que en los asuntos en los cuales se discuten conflictos de competencia entre jurisdicciones puede declararse la existencia de la cosa juzgada cuando la competencia ya se asignó por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. En consecuencia, en estos eventos no resulta posible estudiar nuevamente el caso y decidir de fondo el conflicto. La Sala Plena determinó que para que se configure la cosa juzgada deben concurrir los siguientes elementos: “(i) identidad de objeto [que] quiere decir que la controversia se trabe respecto del mismo proceso judicial; (ii) identidad de causa petendi [que] supone que las razones que fundamentan el conflicto de competencia sean similares; y (iii) identidad de partes que se refiere a que están involucradas las mismas autoridades judiciales”.

 

11.   La jurisprudencia constitucional ha reconocido que “la cosa juzgada tiene como función negativa, prohibir a los funcionarios judiciales conocer, tramitar y fallar sobre lo resuelto, y como función positiva, dotar de seguridad a las relaciones jurídicas y al ordenamiento jurídico”[14]. Esto responde a la observancia de los principios de seguridad jurídica y confianza legítima, los cuales permiten a todo ciudadano comprender que existen actuaciones o situaciones consolidadas que no pueden variar al haber sido decididas de forma definitiva.

 

12.   Así, en el Auto 711 de 2021 la Corte Constitucional señaló que la reforma prevista en el Acto Legislativo 02 de 2015 sobre las competencias de esta Corporación, no implica que se puedan desconocer las decisiones previas emitidas por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. Además, indicó que las decisiones proferidas por dicha autoridad gozan de intangibilidad y, por ello, no pueden ser revocadas o reformadas. En consecuencia, precisó que “[la] improcedencia de un nuevo pronunciamiento de fondo sobre el caso sometido a consideración de esta Corporación responde a la necesidad de protección de la confianza legítima en el ordenamiento jurídico. Si una providencia judicial se encuentra en firme, produce el efecto de cosa juzgada, bien porque no contempla ningún tipo de recurso, o bien porque no se recurrió en su momento”[15].

 

2.     Caso en concreto

 

13.   En el presente asunto se cumplen las condiciones para que opere el fenómeno de la cosa juzgada. La Sala Plena de la Corte Constitucional constata la configuración del fenómeno de la cosa juzgada en el presente asunto. Lo anterior porque, mediante providencia del 30 de octubre de 2019 (§4), la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura asignó la competencia en el caso al Juzgado 009 Administrativo Oral de Neiva. Las condiciones de la cosa juzgada se acreditan por las siguientes razones:

 

Tabla 1. Elementos constitutivos de la cosa juzgada

 

14.   De este modo, la Sala concluye que en el presente caso no existe conflicto de competencia alguno por resolver, toda vez que este fue resuelto por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura por medio de auto del 30 de octubre del 2019. En ese sentido, no es dable realizar un nuevo estudio de fondo, sino que corresponde estarse a lo resuelto entonces, ya que la decisión de fecha hizo tránsito a cosa juzgada (§4).

 

15.   Finalmente, la Sala Plena instará al Juzgado 009 Administrativo Oral de Neiva para que, en futuras ocasiones, se abstenga de replicar conflictos de competencia entre jurisdicciones que ya hayan sido resueltos, comoquiera que esta actuación dilata la pronta solución de los litigios y puede afectar los derechos de las partes del proceso al acceso a la administración de justicia y a la tutela judicial efectiva. Esto teniendo en cuenta que el proceso judicial en cuestión fue promovido hace más de ocho años y el conflicto de competencia entre jurisdicciones fue resuelto hace más de seis años[17].

 

III.      DECISIÓN

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional,

 

RESUELVE

 

PRIMERO. ESTARSE A LO RESUELTO por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, en providencia del 30 de octubre de 2019, dentro del radicado 11001010200020190148100.

 

SEGUNDO. Por medio de la Secretaría General de la Corte Constitucional, REMITIR el expediente CJU-7162 al Juzgado 009 Administrativo Oral de Neiva para lo de su competencia, y para que comunique la presente providencia al Juzgado 001 Civil del Circuito de Garzón – Huila, y a los interesados en este trámite.

 

TERCERO. INSTAR al Juzgado 009 Administrativo Oral de Neiva para que, en lo sucesivo, se abstenga de plantear conflictos de competencia entre jurisdicciones por asuntos resueltos por el Consejo Superior de la Judicatura y aplique la jurisprudencia de la Corte Constitucional en esta materia.

 

 

JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR

Presidente

 

 

 

NATALIA ÁNGEL CABO

Magistrada

 

 

 

CARLOS CAMARGO ASSIS

Magistrado

 

 

 

HECTOR ALFONSO CARVAJAL LONDOÑO

Magistrado

 

 

 

JUAN CARLOS CORTÉS GONZÁLEZ

Magistrado

 

 

 

LINA MARCELA ESCOBAR MARTÍNEZ

Magistrada

 

 

 

VLADIMIR FERNÁNDEZ ANDRADE

Magistrado

 

 

 

PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA

Magistrada

 

 

 

MIGUEL POLO ROSERO

Magistrado

 

 

 

ANDREA LILIANA ROMERO LOPEZ

Secretaria General

 

 

 

 

 

 

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